jueves, diciembre 23, 2010

La casta política

Mientras la gente se pelea con el tema de la Ley Sinde, mañana entra en vigor en España las modificaciones al código penal. A partir de ahora las empresas van a ser responsables de los delitos que comentan sus empleados, lo cual llevará a que éstas acaben montando un sistemas de control de los empleados. Sin embargo, como apunta José M. Guardia en su blog esto es sólo para los pardillos, las administraciones públicas estarán exentas de dicha normal, no se le vaya a acabar el chollo y tengan que hacerse responsable de lo que firman.

a nueva norma pone límites, sin embargo, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en concreto, aclara que “no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos y a las organizaciones internacionales de derecho público”. Tampoco a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. El sector público en sentido amplio queda, por lo tanto, al margen de la responsabilidad penal de sus actos. Al contrario que el sector privado.

También hoy me dan risa las declaraciones de los políticos catalanes tras la la sentencia del Tribunal Supremo (la misma noticia en Europa Press) que les obliga a que el castellano también sea lengua vehicular en la enseñanza. Sin embargo, la Consejería de Educación cartalana, dice que que no afectan ni una coma de su ley de ededucación. Es una manera más de demostrarnos, que los políticos están por encima del bien y el mal, incluyendo la supuesta justicia que deben de garantizar. Me pregunto que pasará con los señores de la Generalidat si la gente no les pagara los impuestos. No creo que tardaran mucho en irse a los tribunales que ahora mismo les interesa tan poco.


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1 comentario:

Anónimo dijo...

Tiene su lógica que el sector público no quede afectado por esa ley. Porque si arma una pifia una empresa estatal habría que empapelar a los accionistas y los accionistas somos todos los ciudadanos y eso no es viable.

Lo que tenían que haber hecho es una ley de responsabilidades penales para los gestores en administraciones públicas paralela, supongo.