La fiscalización gubernamental de las redes de datos y voz

Desde hace bastante tiempo en España, existen leyes que permiten - normalmente con orden judicial por medio - espiar las conversaciones de los ciudadanos. Las operadoras, tienen puntos donde un agente de la ley, se supone que previa orden, puede ir, pinchar sus aparatos y obtener el tráfico. Es más, los equipos de telecomunicaciones vienen preparados para ello. Hace un par de años estuve leyendo la documentación de los dslam l que utiliza Telefónica para implementar los ADSL, y tenía opciones en el firmware para reflejar el tráfico ATM de los ADSL a equipamiento que ponga el gobierno.

Esta últimas dos semanas me ha llamado la atención dos cosas eventos:

• La aprobación de la ley sobre el fin del anonimato en los móviles prepago. Ahora tendrá que estar el cliente perfectamente identificado y el operador debe de ceder los datos que permitan identificar al usuario de una línea.
• Por otra parte, el Partido Popular, presentó una propuesta para fiscalizar el acceso a los cibercafés y redes wifi públicas, de tal manera que todos los usuarios permanezcan identificados. Menos mal, que en nuestro particular Reino de Taifas, donde se oponen por sistema, no salió aprobada la probada la propuesta, aunque supongo que por pura oposición a la propuesta del PP, no porque el PSOE pensara que no haya que fiscalizar.

Las excusas que se emplean para la intercepción de comunicaciones por parte de cualquier gobierno y color político es siempre la misma: seguridad, lucha antiterrorista, lucha contra la pornografía infantil, etc. Desde mi punto de vista, lo único que hace es fiscalizar al ciudadano, para tener información y control sobre el mismo. De alguna manera hay que justificar las cantidades de dinero invertidas en inefectiva burocracia. La intimidad del ciudadano queda anulada por una supuesta sensación de seguridad.