Parece que en España no hemos tenido bastante con ese desastre financiero público que han sido las cajas de ahorro. Protagonistas de la burbuja financiera, cerraron a cal y canto sus departamentos de análisis de riesgo y regaron de crédito barato la piel de toro. En sus consejos de administración, estaban representados los políticos y sindicatos de cada región donde operaban. El crédito con destino a la promoción de viviendas y la financiación de las obras de las administraciones de turno. Los resultados, de todos conocidos: Casi 33000 millones de euros gastados hasta ahora por el FROB para mayor gloria del bolsillo del ciudadano español -.
Bien, pues la Junta de Andalucía quiere otra vez su banco público. Pero claro, no son los únicos. Que en los consejos de administración de estas entidades se vivía muy bien. Que son unas entidades estupendas para financiar a los amigos y los proyectos que pueden ser buenos caladeros de votos. El problema, es que cuando se tuerce la cosa, no son los votantes que jaleaban estas medidas quienes pagan el agujero.
Ah, y si alguien piensa que lo que había antes no es banca pública, que mire la Ley 15/1999 de la Junta de Andalucía, concretamente el artículo dos y tres:
Las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía, con o sin Monte de Piedad, son entidades de crédito de naturaleza fundacional y de carácter social, sin ánimo de lucro, que orientan su actividad a la consecución de fines de interés público.
Las Cajas de Ahorros orientarán sus actuaciones a la consecución de fines de interés público tales como el fomento del empleo, el apoyo a los sectores productivos, la protección y mejora del medio ambiente, el patrimonio cultural e histórico y la investigación, a fin de contribuir al desarrollo social y económico de Andalucía, así como su equilibrio territorial
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