Los ayuntamientos podrían cobrar impuestos de las transaciones online gracias a una sentencia del Supremo

Hace algún tiempo que sostengo la teoría que nos van a saquear a impuestos las administraciones públicas los próximos años, dada la espiral de gasto y el grado de endeudamiento en que se han metido durante estos años locos de crédito fácil y bajos tipos de interés. Una vez que ha estallado la burbuja de crédito, toca exprimir como sea el bolsillo del ciudadano, porque no están dispuestos a bajar el nivel de gasto, que para algo, ellos son el sector público. Hay muchas M-30 que pagar, muchos polideportivos a construir, muchos estadios olímpicos y sobre todo, muchas comisiones que cobrar. No en vano, mucha gente habla de hayuntamientos.

Expansión recoge la noticia de la de una sentencia del Supremo, que podría servir de base a los ayuntamientos para ampliar las tasas que ya cobran a las compañías de telefonía por ocupación de dominio público , a cualquier empresa que realice transacciones económicas a través de las redes de telefonia fija. Según la interpretación que hace Expansión de la sentencia:

el alto tribunal aclara que son destinatarios de este tipo de tasas «todos los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público», lo que extendería el ámbito de afectados por esta tasa a otros sectores que actualmente tienen dudas sobre su aplicación.

Con los mismos argumentos que se utilizan para exigir estos impuestos a los operadores móviles o a las compañías eléctricas, los miembros del tribunal razonan que cabría entonces incluir a cualquier compañía que utilice las redes de telecomunicaciones fijas para hacer negocio. Éste es el caso de las empresas que operan comercio electrónico.

Según la noticia, la Federación Española de Municipios y Provincias está negociando con las compañías el cobro de la tasa, a la cual ya habían asignado el 1.5% de los ingresos brutos. Este tipo de tasas va en la línea con las que cobran a los operadores de telefonía móvil a través de la tasa de dominio público.

Éramos poco y parió la abuela, como reza el dicho popular. ¿Qué podemos hacer para defendernos de la voracidad recaudatoria de las administraciones públicas, en especial, cuando dicho dinero va más enfocado a salvar a empresas ineficientes, en vez de dar unos servicios de calidad en lo básico como justicia, sanidad o educación?. Lo del 20% del PIB sumergido va a ser una broma comparado con los niveles a los que se va llegar como siga la cosa así. Y lo peor, es poner esto en manos de los entes más corruptos - cómplices necesarios de la burbuja inmobiliaria, por cierto - de la administración pública española, como son los ayuntamientos.

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