Supongo que muchos hemos visto proveedores de redes privadas virtuales, que entre sus servicios publicitan que no guardan registros de las conexiones de sus usuarios. Claro, hasta que que aparece el Estado con una orden de registro. Entonces, el proveedor de servicio entrega lo que supuestamente no tiene a los representantes del Estado.
Un proveedor de servicio sin un gran músculo financiero y legal, tiene dificultades para hacer frente de casos: Llegado el momento, si no quiere entregar los registros o no los tiene, tendrá que enfrentarse a la justicia si sus servicios se han utilizado para realizar un acto delictivo. Aparte, llegado el momento, ¿quién garantiza que el proveedor está cumpliendo con lo que promete?
No descartemos, en el futuro próximo, cambios legislativos para este tipo de cosas: Exactamente igual que en España en el caso del carnet de conducir por puntos, nos llevamos la sanción sino identificamos al conductor que iba al volante al cometer una infracción y el vehículo está a nuestro nombre.
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